La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró que aspira a recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial: “Servir a su comunidad, recuperar credibilidad y prestigio a partir de la motivación y el profesionalismo”.
Las declaraciones las hizo esta tarde, en la Biblioteca Nacional, donde puso en marcha el Plan de Participación Comunitaria en Seguridad, un ámbito de encuentro a través de mesas barriales para implementar políticas públicas en esa materia.
El plan funcionará en las 53 jurisdicciones de comisarías en la Ciudad de Buenos Aires y la funcionaria lo definió como “un plan de trabajo que tiene como objetivo la construcción de una política de seguridad en consonancia con el proceso de profundización de nuestra democracia”.
Garré valoró la evaluación comunitaria del desempeño policial y la calidad del servicio policial, “procurando celeridad en los cambios, así como una adecuada exaltación de aquellos funcionarios o prácticas que resulten reconocidas como virtuosas por la comunidad, en conjunto con los demás instrumentos de desempeño”.
La ministra indicó que, para ello, será necesario combatir “el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto”. Explicó que la transparencia permitirá “que las fuerzas de seguridad puedan explicitar su tarea, volverla más comprensible, demostrar su capacidad de resolución de problemas o bien, alertar sobre lo que no funcione regularmente y cambiar el rumbo”.
Sobre este punto, Garré aseguró que el principal enemigo de los policías honrados y que se encuentran envueltos injustamente en la sospecha no es el pueblo, “sino la falta de transparencia, que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa del prestigio de sus compañeros y de la institución en su conjunto”.
Ante una multitud de representantes de organizaciones sociales, autoridades policiales y funcionarios públicos reunidos en la explanada de la Biblioteca Nacional, Garré expuso los objetivos del programa, donde fue la oradora central.
En su discurso, manifestó que existe “una relación directa entre la calidad del sistema democrático y el rol que el Estado reconoce a la ciudadanía, en el ámbito de las políticas de seguridad”.
La ministra aseveró que para el gobierno “las personas y su bienestar cuentan como fines en sí mismas y no como medios”. Precisó que, con este nuevo plan, la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y “no con una retórica pretendidamente inclusiva”.
Puntualizó que como Estado “tenemos el desafío de articular con otras áreas que permitan responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos sus condiciones de vida en términos de seguridad humana”.
“La prevención de la violencia y el delito resultan determinantes en la proyección de nuestra calidad de vida y que ello reclama distintos niveles de intervención”, dijo la ministra.
Llamó a la coordinación entre los distintos ámbitos del Estado nacional y los diversos niveles de gobierno, “promoviendo la convergencia del conjunto de políticas sociales, culturales, laborales y deportivas, junto con las políticas propias del ámbito de la seguridad” para promover una mayor seguridad a toda la población.
La funcionaria sostuvo que estos lineamientos políticos están en sintonía “con las transformaciones que en los últimos ocho años se han ido produciendo en distintos niveles”.
Garré acotó que la construcción de ciudadanía, la reafirmación de la ley y el Estado de derecho también son herramientas de inclusión.
Organizaciones sociales y vecinos
Asimismo, delineó que no se puede tener una convocatoria genuina a la participación “si quienes deben protagonizarla se encuentran en condiciones de extrema fragilidad política o social”.
Por eso, estimó que “la reapropiación del espacio público por las organizaciones de la comunidad; la marcha sostenida del proceso de inclusión social, económica, laboral y cultural, respaldados con acciones de gobierno cotidianas, son indispensables para el desarrollo de una política de seguridad democrática.
Agregó que esta primera convocatoria es el punto de partida de un proceso de “participación popular para todo el país, de modo progresivo y en el que resultará central el liderazgo de las provincias y los municipios”.
Anunció la realización de escuelas de participación comunitaria en seguridad, para lo cual anunció convenios con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “Acordamos una propuesta curricular y una modalidad de capacitación desde la perspectiva de la educación popular”, explicó.
Precisó que las mesas de trabajo son clave para asegurar la voz de los vecinos “en la identificación de distintos niveles de conflictos y será en esos espacios también que iremos definiendo colectivamente su prioridad”.
Garré dijo que los vecinos y sus organizaciones harán mapas de prevención en sus barrios, porque “conocen los problemas y conflictos que allí acontecen”.
Informó que su cartera articula acciones y programas con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social para “garantizar la máxima efectividad en la respuesta a cada plan”.
La ministra estuvo acompañada por la secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Ileana Arduino y por la directora Nacional de Participación Comunitaria, Marta Arriola.
La jornada incluyó la participación de las organizaciones en “talleres” de Formación Ciudadana en Políticas Públicas de Participación Comunitaria en Seguridad; Prevención y Control; y Prevención Comunitaria de la Violencia, en la Biblioteca Nacional.
Desde esta medianoche, más policía en la calle
Al finalizar el acto, Garré fue consultada por los periodistas por el retiro de la custodia de la Policía Federal de diversos edificios del gobierno porteño. La ministra precisó que los efectivos policiales serán destinados a la calle, a partir de esta medianoche, para "reforzar la presencia de la policía" y de esta manera "garantizar la prevención del delito".
La cartera desafectará a unos 1.200 efectivos distribuidos en 114 lugares, donde realizaban tareas conocidas como "adicionales".
Garré señaló que "las comisarías van a ser sometidas a un sistema de monitoreo, a los efectos de ver cómo el mapa del delito va corrigiéndose en forma favorable, o sea disminuyendo la conflictividad".
Por otra parte, la funcionaria minimizó la decisión del gobierno porteño de incorporar a la Policía Metropolitana a oficiales de la PFA desafectados por la cartera que ella conduce y dijo que "es una opción que tiene".
Algunos de los agentes separados de la fuerza son investigados por casos de corrupción.
Finalmente, sobre el documento firmado por algunos miembros de la oposición acerca de un supuesto riesgo que atraviesa la democracia, la funcionaria nacional sostuvo que es "un dislate".
Expresó que “está tan consolidada afortunadamente nuestra democracia que hablar de eso hoy me hace pensar en que no hay una agenda de temas importantes en la carpeta del futuro que tengan (la oposición) para tratar".
